El derecho a la cultura

31/Julio/2010
Suplemento Laberinto

Elena Enríquez Fuentes

Un compromiso aplazado

Hacer del derecho a la cultura, en su dimensión de derecho humano, un principio rector de la política cultural del Estado en México, es hoy una tarea ineludible e inaplazable. Nuestro país, al firmar diversos acuerdos internacionales, desde hace décadas, ha adquirido compromisos que van desde incorporar a su legislación preceptos y normas que aseguren la salvaguarda de los derechos humanos, hasta crear políticas públicas con perspectiva en esta materia.

No contar con una estructura jurídica e institucional que nos permita ejercer el derecho a la cultura, en su carácter de derecho humano, con apego a los acuerdos internacionales que México ha suscrito, ha contribuido a generar el tejido de un entramado social, institucional y jurídico que limita el disfrute de nuestra vida cultural, trunca sus posibilidades de desarrollo y anula el potencial económico que la cultura tiene como recurso. Además, el Estado, al aplazar su tarea de procurar los medios para hacer del derecho a la cultura una realidad, ha sido un factor más que propicia la violación de los derechos humanos.

Incorporar, en 2009, el derecho a la cultura al artículo cuarto de nuestra Constitución convirtió en urgente la necesidad de que el Estado en México cumpla con su deber de crear la infraestructura para ejercer el derecho a la cultura. En este momento el Congreso no puede aplazar más legislar sobre cómo se hará efectivo el derecho a la cultura, es inminente la creación de una Ley General de Cultura que regule entre otras cosas:

—La colindancia del derecho a la cultura con otros derechos humanos, como el derecho a la educación, el derecho de autor, el derecho a la propiedad, el derecho a la información y la libertad de expresión.

—El papel del Estado en el acceso, promoción y difusión de la cultura.

—Los principios que la estructura institucional de la cultura en México tomará como base para enfrentar sus problemas y desafíos.

—La manera como se enfrentarán los problemas constitucionales del multiculturalismo en México.

—La administración del patrimonio cultural.

—La forma como se asumirá la dimensión económica del derecho a la cultura.

Éstos son sólo algunos de los rubros más evidentes que demandan una política cultural clara para pensar en soluciones, crear acuerdos o establecer prioridades.

El hecho anterior trajo a debate nuevamente cómo definir una política cultural y cuáles serían sus principios rectores. Es de llamar la atención, que un número importante de las voces que se han dejado oír en torno a este tema, coinciden en considerar que la política cultural se limita a preservar el patrimonio cultural y fomentar las artes, cuando nos encontramos ante la coyuntura de decidir cuál es la importancia que le vamos a dar a la cultura en México. ¿Vamos a consentir que la política cultural se siga restringiendo a lo que ha sido hasta hoy?, un limitado apoyo a las artes (a través de becas y subsidios) y la mediana administración y preservación de nuestro patrimonio cultural.

Detonador de desarrollo

El derecho a la cultura está contemplado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece:

1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de su comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

A partir de lo anterior se induce que el derecho a la cultura es detonador de un círculo virtuoso: propicia que todos seamos partícipes de los beneficios de los bienes culturales y promueve su protección; es un mecanismo para conocer y respetar a los demás derechos humanos; busca asegurar el respeto a la creación y la propiedad intelectual, así como la justa remuneración por el uso de las obras producto del trabajo intelectual; permite garantizar el disfrute de los bienes culturales tanto como un factor de desarrollo social, así como un recurso económico renovable y de explotación ilimitada.

Esclarecer cuál es el esquema idóneo que permita: instrumentar la protección y el acceso equitativo y democrático a la cultura para potenciar desarrollo; garantizar el respeto a las identidades culturales y su preservación; y promover el aprovechamiento de la generación de bienes culturales y del patrimonio material e inmaterial como recursos económicos; es el punto nodal de una Ley General de Cultura.

En su intervención, en alguno de los diversos foros realizados desde hace ya casi una década en torno a estos temas, Néstor García Canclini señaló: “la tarea primordial de las leyes, más que resolver problemas, es crear condiciones para que los movimientos de la sociedad conviertan a los problemas en oportunidades”. Hoy claramente estamos ante esa circunstancia.

En su ensayo Literatura y derecho ante la ley, Claudio Magris hace la siguiente reflexión: “La ley instaura su imperio y revela su necesidad allí donde existe o es posible un conflicto; el reino del derecho es la realidad de los conflictos y de la necesidad de mediarlos (…) el derecho parece ligado a la barbarie del conflicto…” El derecho se funda en la necesidad de regular la conducta humana en postulados de justicia. Después de ratificar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las naciones pertenecientes a la ONU han firmado acuerdos específicos como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, con el fin de propiciar la creación de una cultura donde los derechos humanos sean el punto de partida tanto de las acciones de los individuos como del Estado. Los derechos humanos son principios que, no sólo están orientados a preservar la paz, surgen de la consideración de que existe un conjunto de prerrogativas, inherentes a la naturaleza de las personas, cuya efectiva realización es indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Los derechos humanos son inalienables, incondicionales y universales, porque sin su ejercicio no es posible asegurar la dignidad humana, la paz, ni la vida.

¿Por qué el Estado en México tiene la obligación de adoptar el derecho a la cultura?

Desde su promulgación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se distinguió por su alto contenido social. En nuestro país, por mandato constitucional, el Estado tiene el deber de garantizar (mediante la gestión, la creación de infraestructura o incluso, si es necesario, proporcionando servicios) el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales. Éstos se fundan en la dignidad humana, en nuestra Constitución se manifiestan como garantías individuales. Nacen del conocido planteamiento filosófico-antropológico que plasmó Platón en La República: donde hay una necesidad surge un derecho.

Así, el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la seguridad, a la libertad de creencias y de expresión, entre otros, y ahora, desde luego, el derecho a la cultura, deben estar garantizados por el Estado, que es el encargado de su tutela. Mientras en otros países la estruc- tura legislativa se limita a armonizar la convivencia entre los individuos, nosotros llevamos más allá el deber del Estado y lo hacemos responsable del bienestar social. Por todo lo anterior, gestionar y crear las condiciones para ejercer el derecho a la cultura tiene implicaciones más complejas que sólo pensar en cómo optimizar el actual aparato administrativo dedicado a la cultura o darle un patrimonio jurídico a las instituciones ya existentes: como Conaculta.

Diagnóstico de derechos culturales

Como ya se mencionó antes, en nuestro país, la implementación de políticas públicas, con perspectiva en los derechos humanos, no es algo que el Estado pueda en este momento decidir hacer o no, es un compromiso adquirido internacionalmente y una obligación que impone la Constitución. El Congreso, al legislar sobre la forma como haremos efectivo el derecho a la cultura, no puede ignorar las implicaciones que se derivan de su carácter de ser un derecho humano. La comisión de cultura de la Cámara de Diputados, y la titular del Conaculta han comunicado que trabajan en la creación de una Ley General de Cultura pero, en ninguna de las acciones anunciadas por ambos se ha mencionado realizar un diagnóstico de derechos culturales. Esta tarea es ineludible en el marco jurídico actual de la cultura en nuestro país. Sólo un diagnóstico de derechos culturales permitiría la formulación de una política cultural acorde con nuestra legislación vigente.

A partir de la obligación internacional adquirida por México de elaborar planes de derechos humanos, se han realizado tres programas federales en 1998, 2002 y 2008, pero en ninguno de ellos se han considerado a los derechos culturales. Sin la información que proporciona un diagnóstico la política cultural carece de sustento.

La política cultural, que se derive de la creación de una Ley General de Cultura, será el punto de partida para implementar políticas públicas. Para que una política pública tenga perspectiva de derechos humanos se requieren varias cosas:

1) Constituir a las personas como sujetos de derechos (este punto es el que ahora está cubierto al incorporar el derecho a la cultura a las garantías individuales).

2) Basarse en las obligaciones interna- cionales a partir de los estándares establecidos en los tratados tanto de Naciones Unidas como los regionales para América, las declaraciones, la jurisprudencia de las cortes internacionales y demás recomendaciones y observaciones generales emitidas por los distintos comités internacionales de derechos humanos.

3) Crear las condiciones para contar con un sistema participativo que involucre a la sociedad civil, academia y demás actores interesados.

4) Establecer mecanismos claros y eficientes de exigibilidad de los derechos.

5) Utilizar los principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género en su elaboración.

6) Establecer entre los principios de cualquier programa la transparencia y la rendición de cuentas.

7) Aplicar los principios de máximo uso de recursos disponibles y prohibir la regresión para asegurar el cumplimiento de mínimos básicos garantizados.

La formulación de toda política pública supone: un ejercicio de diagnóstico para, con la información recabada, elaborar líneas estratégicas y acciones específicas a corto, mediano y largo plazo, así como estándares para establecer metas y evaluar su cumplimiento.

De acuerdo con el Manual de planes de Derechos Humanos, elaborado por la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en 2002, los diagnósticos de derechos humanos permiten, a partir de considerar las obligaciones internacionales, proporcionarle al Estado las herramientas para proteger, respetar y garantizar los derechos (la garantía incluye la prevención, investigación, sanción y reparación de daños). Al identificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas se pueden identificar prioridades para cumplir en su totalidad.

¿Qué importancia le vamos a conceder a la cultura?

Los países con los estándares más altos de calidad de vida le han dado a la cultura un carácter estratégico, por su valor multidimensional de desarrollo, Michel D. Higgins mientras se desempeñaba como Ministro de Cultura del Reino Unido, en un importante cónclave donde se discutían medidas para enfrentar momentos de crisis hizo esta declaración:

“Cuando asistí por primera vez al Consejo de Ministros de Cultura en 1993… se decía que cuando volviera a haber crecimiento económico podríamos hablar de nuevo de proyectos culturales. Por mi parte dije que era precisamente cuando la economía está estancada, cuando no puedes crear empleo al viejo estilo, cuando las personas están afectadas por el racismo, entonces, es cuando hay que invertir en cultura, porque ello significa invertir en tolerancia, invertir en diversidad, invertir en creatividad e imaginación”.

Hoy el Reino Unido obtiene el 11 por ciento de su PIB por su economía de la cultura, es una de las principales potencias económicas y culturales del mundo. ¿En México cuál va a ser nuestra postura?

El desafío de la cultura en México

01-23-2010
Suplemento Laberinto

Elena Enríquez Fuentes

La cultura más allá de su definición

¿Por qué es importante hablar hoy de cultura?, una de las razones que más nos apremian y obligan a reflexionar sobre ella, con urgencia —tratando de no encasillarnos en el debate en torno a su definición—, es la necesidad de resolver problemas que si no atendemos ya, nos condenarán a participar en el diálogo intercultural, sólo como espectadores o meros consumidores, en lugar de ser interlocutores o generadores de formas alternas de ver y entender el mundo y a nosotros mismos.

En nuestros días la cultura se valora en múltiples dimensiones, no sólo como un elemento de identidad, unidad o un factor de desarrollo social, en particular, su peso económico ha adquirido un lugar cada vez más predominante. Los estudios realizados para medir su aportación al Producto Interno Bruto (PIB), tanto en países desarrollados como en vías de serlo, acreditan el liderazgo de la cultura como recurso. Sus contribuciones al PIB en cada nación van desde el 5 hasta más del 10 por ciento. Es un hecho comprobado que la principal fuente de ingresos de Estados Unidos ya no es su industria armamentista, sino sus industrias culturales.(1)

De acuerdo con datos de la revista Fortune, la industria del entretenimiento(2) generará, en el país del norte, en el 2010, 750 millones de dólares. Para comprender la magnitud de la cifra, basta con pensar que, modalidades del entertainment —como el cine porno— facturan anualmente más de 60 millones de dólares, casi el equivalente a toda la economía de la cultura de Hungría o de Chile.

En México los dos únicos estudios realizados para cuantificar el valor económico de la cultura la han colocado(3) en el tercer y cuarto lugar como generadora de ingresos, apenas por debajo del petróleo, las remesas que recibimos de Estados Unidos y el turismo. Pero, para apreciar su justa aportación al PIB, necesitaríamos contar con una serie de indicadores que nos permitieran evaluar su desempeño. Por ejemplo, el sólo considerar la parte que el turismo le debe a la cultura bastaría para reposicionarla en el segundo sitio como fuente de riqueza.

Sabina Berman, en su libro escrito en coautoría con Lucina Jiménez, Democracia cultural(4), al hablar de cultura y economía, cuenta que, en un encuentro entre Bill Clinton y Jacques Chirac, el presidente estadunidense reclamó a Chirac por qué en Francia se “… grababa el cine hollywoodense para subsidiar al francés” y, durante la conversación, tratando de negociar, Clinton concedió: “los franceses hacen los mejores quesos. Háganos los quesos y déjenos a nosotros hacerles las películas.” A lo cual Chirac dio un rotundo no, bajo el argumento de que “las películas no son quesos, son identidad nacional”. No importa si la anécdota pertenece al terreno del mito o al de la realidad, lo cierto es que los franceses defienden su cine como algo insustituible, del mismo modo como lo hacen con todas sus manifestaciones culturales.

Ernesto Piedras ha dicho, en diversas ocasiones, que la cultura posee un toque de Midas, porque es la única rama de la economía que tiene un carácter dual de desarrollo. Si la aspiración de todas las naciones es lograr bienestar, equidad y desarrollo social sustentable para su población, la cultura es la única capaz de cumplir con esos objetivos de forma simultánea. El petróleo y otros sectores de la economía, reconocidos como grandes generadores de divisas, por su alto valor económico, generan dólares con menor plusvalía que la cultura porque, después de obtenerse, deben transformase en bienestar: camas de hospital, aulas para la educación, cultura, etcétera. En la transición burocrática de un rubro a otro hay un desgaste del valor monetario, de tal forma que cada dólar se convierte en 85 o 60 centavos al llevarse de un área a otra. En cambio, el mismo dólar, si se obtiene a través de la cultura, ya es simultáneamente bienestar, empleo, inversión y valor económico.

La cultura es un bien renovable por ello su potencial es incalculable, en México hoy ¿cuánto gozamos de ella, cómo y qué tanto nos beneficiamos de su toque de Midas?, ¿qué hacemos para contener la avalancha de las industrias del entretenimiento que avasallan a nuestras industrias culturales y artes en general?

Algunos de los problemas

Para apenas asomarnos a lo que implica desenredar un poco la madeja, podemos comenzar por revisar algunos datos generales. En el ámbito de la economía, el estudio más reciente realizado en nuestro país, promovido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)[5], demuestra que:

1 La cultura, como sector económico, es líder en su aportación al PIB y no ha perdido su posicionamiento durante la última década, a pesar de que cada año desciende su productividad. En 1998 su contribución al PIB era de 5.15 por ciento (Ernesto Piedras había calculado más del 6 por ciento[6]) y en 2003 bajó a 4.77 por ciento.

2 La producción cultural se ha debilitado, entre otras causas, por el embate frontal de la piratería y la débil observancia del Estado de derecho. Uno de los puntos de quiebre son las carencias de la Ley Federal del Derecho de Autor. Para combatir la piratería se requiere de la querella, es decir, de la denuncia directa del afectado, en tanto, en otros países se persigue por oficio, es decir, basta que la autoridad vea que se está cometiendo el delito para detener al culpable. En los hechos esto se traduce en que el autor o editor de un libro, el productor de un fonograma, o el músico o cantante que participan en él, deben indicar quién los está perjudicando y cómo. Es imposible para cualquier titular de derechos señalar a cada uno de sus plagiarios, ni siquiera las sociedades de gestión colectiva pueden hacerlo, por eso quienes comercian en tianguis o demás puntos de venta productos piratas lo hacen sin ninguna preocupación.

3 Ante la falta de políticas públicas específicas para impulsar y proteger a las industrias que comercializan obras protegidas por el derecho de autor (industrias creativas o culturales), existe una disminución progresiva del tamaño del sector. La evidencia de ello salta a la vista en el número cada año menor de disqueras nacionales (aunque surgen muchos sellos pocos logran mantenerse con vida), desaparecen editoriales, grupos o productores de teatro o bien compañías de danza.

4 Pese a todos los problemas antes mencionados, la cultura es uno de los pocos sectores de la economía que, desde 1998, ha aumentado anualmente el número de empleos que genera. Sin embargo, las remuneraciones de quienes trabajan en él se han reducido, su forma ha cambiado de un régimen asalariado al de honorarios, donde no se ofrece ningún tipo de seguridad social.

5 Tan sólo el trabajo de uno de los sectores de las industrias culturales: las industrias básicas(7), representa el 3.41 por ciento del total del empleo nacional y los lugares donde se comercializan sus productos alcanza el 3 por ciento de los establecimientos comerciales del país.

La política cultural del Estado, que arrancó con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en 1988, ha dado apoyo principalmente a la creación, con lo cual ha contribuido a aumentar el número de creadores, no obstante, la infraestructura cultural no ha crecido al mismo ritmo que el número de obras que ahora es necesario dar a conocer. Como muestra baste un botón(8): tenemos 7 mil 210 bibliotecas, una por cada 15 mil 059 habitantes; hay mil 841 casas de cultura y centros culturales, uno por cada 58 mil 977 habitantes; mil 124 museos, uno por cada 96 mil 598 habitantes; 567 teatros, uno por cada 191 mil 493 habitantes; mil 373 puntos de venta de libros (lugares donde se pueden adquirir libros, no librerías), uno por cada 79 mil 080 habitantes; 3 mil 892 pantallas de cine, una por cada 38 mil 177 habitantes. Por mencionar sólo un referente, consideremos que en España hay una librería por cada 10 mil habitantes, mil 539 teatros y más de 350 salas de conciertos, para una población y comunidad artística por lo menos 50 por ciento menor a la de México.

Además, carecemos de información estadística, suficiente y confiable, sobre la cultura en México, lo cual ha frenado el desarrollo de la investigación, el diseño y evaluación de políticas públicas, en fin, no tenemos bases que permitan enlazar y establecer una relación entre el tipo de infraestructura cultural con que contamos, la tipología de eventos a realizar, la cantidad de obras que se producen en todas las disciplinas y el número de artistas que hay detrás de ellas, así como la proporcionalidad de ese conjunto con el tamaño de la población y sus posibilidades para acceder a todas la opciones que la cultura ofrece.

Uno de los datos más controversiales dados a conocer en el documento “Información sobre la cultura en México”, realizado por la Dirección General de Proyectos de la UNAM, por encargo de la Comisión de Cultura de la LX legislatura, para aproximarse a un diagnóstico de esta materia en nuestro país, fue que todas las cifras recabadas en torno a la cultura no parten de criterios comunes, por tanto discrepan entre sí. El número de museos, bibliotecas o cines, que hay en México es distinto para el INEGI, para Conaculta o para los gobiernos de los estados. La falta de datos claros obstaculiza, entre otras acciones, la generación de políticas públicas y la transparencia para conocer cómo se ejerce el presupuesto destinado a la cultura.

Nuestras opciones culturales

Es claro que todas las industrias, como la del vestido, la farmacéutica, la automotriz o la de la construcción, para garantizar su desarrollo, necesitan de políticas públicas específicas que reconozcan sus particularidades y potencien su producción. En México muchas de las anteriores cuentan con regímenes fiscales preferenciales para estimularlas, además de una estructura que permite cuantificar sus aportaciones económicas al PIB y observar su desenvolvimiento, para implementar estrategias orientadas a impulsarlas. En el caso de las industrias culturales hay todo por hacer. Las galerías, librerías, teatros y demás espacios donde se entra en contacto con manifestaciones culturales son tratados bajo el mismo rasero que los restaurantes o las tiendas de autoservicio, aunque es evidente que tienen dinámicas diferentes.

En México, el público accede a la cultura, de manera preferente, como una forma de entretenimiento. La Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales, realizada en 2003, resalta la gran presencia cotidiana, en la vida de los mexicanos, de las industrias culturales, sobre todo a través de los medios masivos de comunicación. El 95 por ciento de los entrevistados señaló que destinaba entre dos y cuatro horas diarias a ver televisión y el 87 por ciento acostumbraba oír radio una cantidad de tiempo semejante. En contraste, el 16.7 por ciento utilizaba su tiempo libre para ir al cine, el 4.6 iba a ver presentaciones de danza, teatro o a exposiciones, el 4 por ciento visitaba bibliotecas o librerías y el 13.4 prefería las compras. Las industrias culturales más desarrolladas: la televisión y la radio, dedican el 80 por ciento de sus contenidos al entretenimiento, entendido este como una distracción. Todas aquellas manifestaciones culturales cuyo disfrute se potencia gracias a la información o, simplemente, por el ejercicio del criterio, tienen escasos adeptos.

Lo anterior nos explica, en parte, por qué toda expresión cultural que no esté vinculada al espectáculo encuentra tan pocos receptores. Las artes escénicas, plásticas y la literatura sólo corren con alguna suerte cuando se apoyan para su promoción en los medios masivos de comunicación.

En este contexto, la cultura generada por quienes ejercen una disciplina artística adquiere un carácter endogámico en aumento. Sólo acceden a ella los creadores del área, convirtiéndose en una élite. El resto de la población retoma y hace propio aquello que se desprende de los medios de comunicación, del barrio o del centro comercial, lo que encuentra en los espacios que le son próximos y mira con recelo a las artes como algo aburrido, ajeno y distante.

Sólo la investigación podría brindar elementos para revertir las contrariedades o contrasentidos, esta labor no podemos esperar que nazca como consecuencia natural de la interacción del mercado, los públicos, consumidores, los creadores y las industrias culturales.

La legislación que la cultura demanda

Los países que se benefician del “toque de Midas de la cultura” son aquellos donde el Estado funge como orquestador de todas las voces, para lograr equilibrios entre creación y mercado, entre patrimonio particular y cultural, entre producción nacional y el diálogo con las culturas locales o extranjeras.

Un paso decisivo para resolver los retos que nos impone hoy la cultura es el reciente reconocimiento del derecho a la cultura dentro de nuestra Constitución. Durante la LX Legislatura se reformó el artículo 4˚ de la Carta Magna, al cual se le hizo la siguiente adición:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La Ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. El Estado tutelará estos derechos.

Francisco Javier Dorantes, pionero en la estructuración de un derecho cultural mexicano consideró, hace algunos años, en su libro Derecho cultural mexicano, que la relevancia del derecho a la cultura está en que vuelve impostergables dos acciones: la creación de una Ley General de Cultura, que regule toda la legislación del país en la materia y, en segundo término, la conformación de una instancia del Estado para coordinar las acciones en este sentido.

Conaculta, que actualmente funge cómo órgano coordinador, no cuenta con la personalidad ni con el patrimonio jurídico necesarios para cumplir con las tareas que impone hacer efectivo el derecho a la cultura. No obstante, la disyuntiva mayor no es la creación de un órgano más apropiado para este fin, sino la delimitación de los criterios para sustentar el cómo se dará acceso a la cultura. La pregunta más difícil de responder no es ¿qué conviene más: una secretaría de cultura o un órgano constitucional autónomo? El reto es pensar ¿cómo queremos que sea legislado el derecho a la cultura, de qué manera se hará efectivo, cómo podrá demandarse y de qué forma se protegerá a partir de las normas jurídicas vigentes, cómo se regulará desde la perspectiva constitucional en sus diferentes vertientes? Es crucial decidir qué vamos a hacer: ¿sólo trataremos de hacer más eficientes los servicios culturales existentes o hasta dónde iremos para garantizar el acceso a los bienes y servicios relacionados con la cultura?

Del mismo modo como la llamada Reforma Energética requirió una exhaustiva consulta nacional, la cultura demanda un análisis de las mismas proporciones y un diagnóstico que reconozca su carácter estratégico y todas sus dimensiones.

El derecho a la cultura está contemplado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convertirlo en una garantía constitucional obliga al Estado a instrumentar la protección y el acceso a la cultura, para lo cual será indispensable una reforma integral de la estructura jurídica de la cultura en México. En uno de los múltiples foros realizados en torno a este tema Néstor García Canclini dio la clave: “La tarea primordial de las leyes, más que resolver problemas, es crear condiciones para que los movimientos de la sociedad conviertan a los problemas en oportunidades”.

Nos encontramos ante un desafío histórico ¿estaremos a la altura de sus exigencias? nos falta muy poco para conocer la respuesta.

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1 Entendidas estas como la industrialización, para su reproducción en gran escala, de obras protegidas por el derecho de autor o el copyright. También son conocidas como industrias del copyright.

2 En Estados Unidos las industrias culturales están englobadas en un todo más amplio: las industrias del entretenimiento. En ellas queda comprendida la industrialización de las obras protegidas por el copyright, los espectáculos y los deportes, para su desarrollo y fomento han generado una legislación que impulsa el desarrollo desde el arte hasta el cine porno, considerando su valor económico.

3 Ernesto Piedras Feria, ¿Cuánto vale la cultura en México?, México, SOGEM, CANIEM, CONACULTA y SACM, y La contribución económica de las industrias protegidas por los derechos de autor en México de Victoria Márquez-Mees, Mariano Ruiz Funes y Berenice Yaber (aún sin publicar en México).

4 Sabina Berman y Lucina Jiménez, Democracia cultural, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.

5 La contribución económica de las industrias protegidas por los derechos de autor en México, abarca de 1998 a 2003. Uno de los grandes problemas que se enfrentan al querer hacer cualquier tipo de evaluación o medición en el ámbito de la cultura es la carencia de información sistematizada, reciente y refutable en el tiempo.

6 Op. cit.

7 Las industrias básicas, son uno de los subsectores de las industrias culturales, su trabajo consiste en masificar las obras protegidas por el derecho de autor, algunos ejemplos son: editoriales, medios de comunicación, compañías disqueras, etc.

8 Información tomada del trabajo de Alfonso Castellanos Ribot, “Estadísticas básicas de la cultura en México”, en Cultura mexicana: revisión y prospectiva, México, editorial Taurus, 2008.